SECRETARIO JUDICIAL Y POLICÍA “COIMEROS” YA ESTÁN EN PRISIÓN
El “coimero”
que pasó su cumpleaños encerrado en una carceleta policial fue sentenciado a
tres años y 11 de meses de prisión efectiva. Lucio Armando Suárez Herrera ya se
encuentra en el penal Cristo Rey de Cachiche.
El mal servidor judicial había pedido
cinco mil soles al procesado Yván Eduardo Bazán Vargas, para obtener una
sentencia absolutoria en el proceso penal que se le sigue a este último por el
presunto delito de usurpación en el Juzgado Liquidador de Pisco.
Suárez Herrera recibió la condena tomando en cuenta la avanzada
edad que tiene. Antes de la sentencia había recibido prisión preventiva por 30
días, hasta que ayer recibió el fallo del Juzgado Unipersonal de Flagrancia de
la Corte Superior de Justicia de Ica.
La noche del 15 de setiembre pasado, el secretario judicial cayó
en un céntrico restaurante con la “coima” que había guardado en el bolsillo
izquierdo de su saco.
La fiscal provincial del Segundo Despacho Anticorrupción de Ica,
Noris Ricse Cisneros, lideró el operativo junto a magistrados especializados de
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y, tras la detención, realizó
el conteo de los billetes y posterior verificación de la serie de cada uno, que
previamente habían sido fotocopiados.
En billetes del 100 soles fueron entregados los cinco mil soles de
“coima”.
Por otro lado, la fiscal Ricse Cisneros logró que se le dicte
cuatro años y dos meses de pena privativa de la libertad al policía Hernán
Gutiérrez Bancho, quien fue detenido con dinero obtenido de un soborno.
Según la acusación fiscal, el mal efectivo policial había exigido
el pago de 190 soles a Cecilia Saravia Tasayco, para agilizar una denuncia que
la mujer había presentado.
El efectivo policial fue intervenido en la comisaría de Grocio
Prado (Chincha) con el dinero recibido de la denunciante.
Se acogió a la figura legal de la terminación anticipada de
proceso y reducir la condena.
El policía aceptó el delito cometido, y también ya fue internado
en la penitenciaría de Ica.
Por la sentencia, el efectivo podría enfrentar la destitución de
la institución policial.
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