El congresista Miguel
Ángel Elías Ávalos no está de acuerdo con crear otro organismo parecido al
Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR) para las zonas afectadas por el
llamado Niño Costero.
Como
se recuerda, el FORSUR fue creado en la región Ica y parte de Lima y
Huancavelica tras el devastador terremoto del 15 de agosto de 2007, que dejó a
miles de familias sin viviendas y los servicios públicos dañados.
Tras los desastres
naturales se vuelve a hablar del tema de la reconstrucción. ¿Se debe crear un
organismo similar como el FORSUR para reconstruir las zonas afectadas?
Como
usted sabe, el FORSUR se creó a raíz del terremoto del 2007, que afectó a la
Región Ica, como ente adscrito a la PCM, responsable de la rehabilitación y
reconstrucción de las zonas afectadas, manejo de las donaciones nacionales e
internacionales y distribución de ayuda económica dispuesta por el Ejecutivo en
aquel entonces llamado bono 6000 (S/6000 para los pobladores damnificados); sin
embargo, se denunciaron múltiples irregularidades donde no se entregaron dichos
bonos a los necesitados sino a personas desconocidas que simularon ser
damnificados. Asimismo, hubo irregularidades en el reparto de las donaciones y
actos corrupción en la reconstrucción de la infraestructura y servicios
públicos, que motivaron la posterior creación de una comisión investigadora en
el Congreso.
¿Qué hacer entonces?
Teniendo
en cuenta esta realidad histórica en nuestro país, considero que no es
conveniente crear otro organismo burocrático como FORSUR. La experiencia nos
enseña que esto no funciona, que no es bueno que un organismo tenga el manejo
económico de las donaciones y dinero para reconstrucción. Por el contrario,
ello genera corrupción, por lo que el propio Estado, a través del Poder
Ejecutivo y sus ministros, debe asumir esa responsabilidad sin delegarlas a
terceros.
FORSUR en Ica ¿ fue éxito
o pasó a ser un organismo burocrático?
Para
Ica, FORSUR es sinónimo de corrupción. Fue un organismo totalmente burocrático,
cuyos funcionarios delegados se aprovecharon de la situación dramática que
padecieron nuestros hermanos damnificados para cometer actos de corrupción y
apropiarse de un dinero destinado para una emergencia. Los pobladores hasta el
día de hoy se sienten engañados por el propio Estado, porque las obras públicas
de reconstrucción no se realizaron y el bono 6000 no fue entregado.
Hablando del tema de
FORSUR, ¿existió una comisión investigadora referida a la reconstrucción del
terremoto del 2007?
En
efecto, se efectuaron diversas denuncias sobre irregularidades en la entrega de
los bonos, así como en el reparto de las donaciones y actos de corrupción en la
reconstrucción de la infraestructura y servicios públicos, lo que motivó que el
Congreso de la República formara una Comisión Investigadora presidida por el
entonces congresista Rogelio Canches, cuyos miembros, luego de constituirse in
situ en las zonas afectadas, dialogar con la población, acumular información y
documentación al respecto y efectuar un riguroso y minucioso trabajo
investigatorio, concluyeron que efectivamente se realizaron actos de corrupción
en este caso, recomendando denunciar penalmente a los funcionarios involucrados
dentro de los que se encontraban el ahora exjefe de INDECI, exjefe de APCI
(Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y diversos alcaldes de Chincha e
Ica.
CORRUPCIÓN
A su entender, ¿hubo
corrupción en el FORSUR?
Yo
sí creo que hubo corrupción, pues no solo existe un Informe Final del Congreso
de la República cuyo trabajo de investigación fue excelente, sino también basta
con acudir a las localidades que fueron afectadas por el terremoto y podrás
comprobar que no hay obras públicas de la reconstrucción o estas han sido mal
ejecutadas con materiales de mala calidad que hacen que las mismas sean
inservibles, solo lo poco que la propia población ha podido levantar con su
esfuerzo. Asimismo, el propio Informe Final señala otras obras inservibles como
por ejemplo el sistema de desagüe e instalaciones del servicio de saneamiento
en el distrito de San Juan Bautista, para Longar, Camino de Reyes, Quilloay,
Alto Callao, Santa Catalina y Yanquiza.
El Informe Final de
Rogelio Canches fue remitido al Ministerio Público y allí parece que ha sido
encarpetado
Es
cierto, el excongresista Rogelio Canches remitió el Informe Final al entonces
presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, quien remitió el oficio Nº
418-2012-2013-DP/PCR el 11 de julio de 2013, al entonces fiscal de la Nación,
José Antonio Peláez Bardales, para que actúe conforme a sus atribuciones y
disponga las respectivas investigaciones, por ser el organismo público
constitucionalmente facultado para iniciar la acción penal de los delitos y
efectuar las investigaciones.
Sin
embargo, es lamentable que desde aquella fecha hasta el día de hoy el
Ministerio Público haya demostrado evidente falta de celeridad y demora en
simplemente realizar las investigaciones (que es una etapa previa); motivo por
el cual he cursado reiterados oficios al fiscal de la Nación, solicitando un
informe administrativo por la poca celeridad e interés en la investigación.
Según algunos documentos,
alguna de las investigaciones tienen archivo preliminar por parte de la
Fiscalía.
En
efecto. Como señalé, tuve que cursar oficios al fiscal de la Nación pidiendo
informes sobre el poco interés y falta de celeridad en este caso y ante ello,
en respuesta, me remitieron un Informe firmado por el doctor Jorge Alberto Ríos
Barriga, quien señaló que los actuados del Informe Final de la Comisión
Investigadora conformaron una carpeta fiscal Nº 2106014502-2013 cuyo estado
actual era con archivo preliminar.
Asimismo,
señaló que habían otras seis carpetas que fueron desacumuladas (para ser
investigadas de forma independiente), pero de las cuales estaban archivadas y
solo había dos en trámite.
El fiscal Jorge Ríos
Barriga está por archivar una investigación, ¿sabe de qué caso se trata?
El
fiscal que menciona y quien elaboró el informe remitido por la Fiscalía a mi
despacho, tiene dos expedientes: el 448-2014 y 449-2014, los cuales están
archivados.
Según
la información solicitada a mesa de partes de la Fiscalía de Ica, estos casos
se refieren, con el expediente 448, a la investigación seguida contra Jorge
Quispe Saavedra, Maria Garibay Pachas, Juan Paucará Triviños, Aníbal Ramos
García, Javier Cornejo Ventura por las irregularidades en reconstrucción de la
infraestructura y servicios públicos; y el expediente 449 es contra Julio Pecho
García, Roberto García Huasasquiche, también por las irregularidades en
reconstrucción de la infraestructura y servicios públicos.
CONTROL INTERNO
El 2013 se remitió al
Ministerio Público el informe y no se ha avanzado mucho.
Sí
es cierto, es lamentable el proceder de estos fiscales, quienes no realizan las
investigaciones conforme a sus atribuciones, más aún si tienen de soporte un
informe final del Congreso de la República que se encuentra muy bien elaborado
y fundamentado, limitándose únicamente a archivar los expedientes, luego de
tenerlos encarpetados por más de tres años.
He
cursado diferentes oficios al fiscal de la Nación pidiendo informes
administrativos por la demora en la tramitación, no solicitando posición
institucional alguna, solo un informe por esta falta de celeridad e interés en la
persecución de estos delitos.
Por la dilatación,
algunos delitos habrían prescrito, ¿sabe de algún caso?
No
lo sé con exactitud, ya que no soy parte en el proceso y no puedo intervenir en
procesos del Poder Judicial o de la Fiscalía.
Sin
embargo, la data más precisa la maneja el procurador del Estado adscrito para
estas investigaciones, que el Ministerio Público de Ica aún no me informa quién
es.
Por
ello, dependiendo de cada delito y la naturaleza de su ejecución, es que se
calcula el tema de la prescripción, quizá algunos de los expedientes archivados
sean por eso, ya que han estado más de tres años durmiendo el sueño de los
justos sin que se realice ningún trámite o diligencias.
¿Cree que la
investigación del Congreso fue deficiente y por eso es que la Fiscalía, en la
mayoría de los casos, decida archivarlos?
No.
Lo que sucede es que el Congreso realiza investigaciones sobre materias de
coyuntura e interés para la sociedad, donde se denoten algunos actos de
presuntas comisiones de delitos; para ello, invierte en profesionales abogados,
ingenieros, contadores, etc, dependiendo de la investigación.
Sin
embargo, la Fiscalía es el organismo constitucionalmente facultado para
investigar penalmente y tiene que realizar su propia investigación.
El
informe del Congreso es solo un soporte y documentación con material probatorio
a su favor, pero ya queda a propia discreción de la Fiscalía.
¿Ha sostenido reuniones
con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ica para recibir alguna
explicación del porqué se han dilatado las investigaciones?
Yo
he intentado reunirme con el presidente de la Junta de Fiscales de Ica cuando
me encontraba en semana de representación en el mes de enero de este año.
Mis
asesores se constituyeron a su despacho para solicitar una cita por este tema,
sin embargo, nos respondieron alegando que el presidente ya tenía copada su
agenda y nos podía dar una cita la siguiente semana, en la cual yo ya me
encontraba en Lima realizando mis actividades en el Congreso.
Ante esta dilación,
¿tomará alguna medida a nivel del Congreso?
Ya
lo hice, cursé un oficio (Nº 334-2016-MAEA/CR del 18 enero 2017) al jefe de la
Fiscalía Suprema de Control Interno, Víctor Rodríguez, solicitando que
-conforme a sus funciones- evalúe a los fiscales encargados de dichos casos por
la extraña demora y negligente lentitud en la tramitación de los expedientes.
En
respuesta, el jefe de Control Interno remitió a mi despacho un informe
elaborado por la Oficina Desconcentrada de Ica, donde se señala que se habrían
presentado dilación innecesaria, demora y negligencia en la tramitación de los
expedientes, por lo que iniciarían como Control Interno las investigaciones
contra los fiscales a cargo para determinar responsabilidades funcionales.
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