PRECANDIDATOS EN JAQUE POR SENTENCIAS DE CORRUPCIÓN
El
Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley N° 30717 que
prohíbe postular a un cargo de elección popular a aquellos candidatos que
presenten una sentencia efectiva o suspendida por determinados delitos.
Entre los delitos que limitan este derecho están el terrorismo, apología al
terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual.
También por delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de
funcionarios. En ambos casos no interesa si ya hubieran sido rehabilitados.
En Ica, los primeros afectados por esta nueva ley son Mariano
Ausberto Nacimiento Quispe y Carlos
Osorio Vargas (futuros candidatos al sillón provincial de
Ica y municipal de Los Aquijes, respectivamente).
Nacimiento y Osorio enfrentan sendos procesos judiciales y ambos
también han interpuesto un recurso de casación ante la
Corte Suprema de Justicia de la República para evitar que
se ejecute la sentencia judicial.
El también precandidato a la Municipalidad Provincial de Ica
Freddy Condori, a través de su red social, ha publicado documentación a nivel
del Poder Judicial señalando que no tiene antecedentes
judiciales ni penales.
PROVINCIA. En
la provincia de Nasca quien ya tiene la suerte echada con la nueva ley,
publicada ayer en el Diario Oficial El Peruano, es el exalcalde Daniel
Mantilla Bendezú.
El candidato a la Municipalidad Distrital de Marcona por el
Movimiento Unidos por la Región, Luis Díaz Melgar,
también se deberá despedir de sus pretenciones electorales por una sentencia
por corrupción.
Quien sí tiene abiertas las posibilidades de volver al sillón
municipal de Marcona es Joel Rosales Pachecho que
fue sentenciado en primera instancia por el delito de resistencia a la
autoridad, pero
no por delitos de corrupción.
La candidatura de Carlos Moisés Solano Cabrera a la Municipalidad
Distrital de Changuillo pende de un hilo, ya que tiene en curso varios
procesos judiciales que le impedirían ser aspirante al
municipio.
El Ministerio Público, en una investigación del año pasado, planteó
7 años de prisión para Solano Cabrera por los delitos de
colusión y peculado.
Mientras que en la provincia de Chincha, la ley alcanza a los
exalcaldes provinciales José Navarro Grau y Lucio
Juárez Ochoa.
Fuente:
Diario Correo Ica
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