PRECANDIDATOS EN JAQUE POR SENTENCIAS DE CORRUPCIÓN

El Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley N° 30717 que prohíbe postular a un cargo de elección popular a aquellos candidatos que presenten una sentencia efectiva o suspendida por determinados delitos. Entre los delitos que limitan este derecho están el terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual.
También por delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios. En ambos casos no interesa si ya hubieran sido rehabilitados.
En Ica, los primeros afectados por esta nueva ley son Mariano Ausberto Nacimiento Quispe y Carlos Osorio Vargas (futuros candidatos al sillón provincial de Ica y municipal de Los Aquijes, respectivamente).
Nacimiento y Osorio enfrentan sendos procesos judiciales y ambos también han interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República para evitar que se ejecute la sentencia judicial.
El también precandidato a la Municipalidad Provincial de Ica Freddy Condori, a través de su red social, ha publicado documentación a nivel del Poder Judicial señalando que no tiene antecedentes judiciales ni penales.
PROVINCIA. En la provincia de Nasca quien ya tiene la suerte echada con la nueva ley, publicada ayer en el Diario Oficial El Peruano, es el exalcalde Daniel Mantilla Bendezú.
El candidato a la Municipalidad Distrital de Marcona por el Movimiento Unidos por la Región, Luis Díaz Melgar, también se deberá despedir de sus pretenciones electorales por una sentencia por corrupción.
Quien sí tiene abiertas las posibilidades de volver al sillón municipal de Marcona es Joel Rosales Pachecho que fue sentenciado en primera instancia por el delito de resistencia a la autoridad, pero no por delitos de corrupción.
La candidatura de Carlos Moisés Solano Cabrera a la Municipalidad Distrital de Changuillo pende de un hilo, ya que tiene en curso varios procesos judiciales que le impedirían ser aspirante al municipio.
El Ministerio Público, en una investigación del año pasado, planteó 7 años de prisión para Solano Cabrera por los delitos de colusión y peculado.
Mientras que en la provincia de Chincha, la ley alcanza a los exalcaldes provinciales José Navarro Grau y Lucio Juárez Ochoa.

Fuente: Diario Correo Ica
Compartir en Google Plus

0 comentarios:

Publicar un comentario