AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERA SENTENCIA A DOS EX FUNCIONARIOS DEL GORE ICA
Ica.-
Dos ex funcionarios del Gobierno Regional de Ica fueron sentenciados por el
Poder Judicial a cuatro años de pena privativa de la libertad, e inhabilitados
para asumir cargos en el sector público por el delito de negociación
incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
El
Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica determinó también el pago de S/ 250 mil
a favor del Estado, la misma que serán cancelados en forma solidaria por los ex
funcionarios sentenciados Miller Edu Vizcarra Roman y Ana Yolanda Pérez Cortéz.
La
sentencia (Resolución N° 14 del 15 de julio del 2019) tiene como antecedente el
Examen Especial (N° 010-2015-CG/ORIC-EE) de la Contraloría General efectuado a
la contratación de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha” durante
el periodo de noviembre del 2010 al 4 de abril del 2012.
La
auditoría estableció que los sentenciados tuvieron un interés de favorecer a
una empresa suscribiendo el contrato N° 006-2011-GORE-ICA por un monto de S/
37´468,479.00 para la ejecución del proyecto, el 5 de abril de 2011 cuando
debían de haberlo hecho el día 4 y pese a que tampoco presentó la documentación
requerida.
Asimismo,
identificó que la documentación del contrato entre el consorcio que iba a
ejecutar la obra y la empresa privada fue suscrita un día después de la firma
de contrato entre el Gobierno Regional y dicha documentación fue incorporada al
legajo con posterioridad; así como la carta fianza de COOPEX por más de S/ 3
millones, la misma que no estaba bajo la supervisión de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP. La empresa tampoco presentó los certificados de habilidad
de los profesionales ingenieros encargados de la ejecución del proyecto.
Ante
los hechos revelados en el informe, Miller Edu Vizcarra Román (ex Director de
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Ica desde
enero del 2011) se acogió a la conclusión anticipada aceptando su
responsabilidad en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento
indebido del cargo, siendo sentenciado a cuatro años de pena privativa de la
libertad suspendida, asimismo se le impuso la inhabilitación para asumir cargos
públicos por un periodo de dos años y siete meses.
En
tanto, la juez impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad
efectiva para la imputada Ana Yolanda Pérez Cortez al habérsele hallado
responsable del delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido
del Cargo. Para la ex funcionaria también se le limitó sus derechos,
inhabilitándola por el término de tres años para ocupar cargos públicos.
Cabe
destacar que la Procuraduría Pública de la Contraloría General estuvo a cargo
de la defensa de los intereses del Estado y obtuvo esta sentencia favorable.
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