CONGRESISTA JUAN CARLOS OYOLA EMPLAZA AL MINISTRO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SOBRE LA ENTREGA DE TERRENOS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE EN LA ZONA DE CONFLICTO LIMÍTROFE ENTRE LAS REGIONES LIMA E ICA (PAMPAS CONCÓN).
Mediante
comunicación urgente el congresista por Ica Juan Carlos Oyola, ha emplazado al
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que informe sobre los
actos de disposición provisional de 288 ha. en la zona de Concón Topara que ha
realizado la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en favor de la
Municipalidad Provincial de Cañete.
En
su comunicación, el Congresista Oyola ha precisado que conforme las
disposiciones del artículo 2 de la Ley 28374, las áreas con calificación de
interés nacional y disputa limítrofe, deben quedar bajo la administración del
gobierno nacional, hasta que se resuelva el conflicto territorial.
Debe
recordarse que por Ley 29777, se dispuso la declaración de necesidad pública y
de preferente interés nacional al Proyecto Concón – Topará - Chincha Alta. La
comunicación del congresista Oyola, ha evidenciado que el gobierno local de
Cañete requirió áreas en Pampa Clarita que destinaría a relleno sanitario, sin
embargo, el trámite devino en el otorgamiento de otras áreas.
Asimismo,
el Acta de entrega del terreno expedida por la SBN señala que dichos terrenos
servirán para la realización de un cementerio exclusivo para entierros por
COVID19.
Esta
situación es por demás extraña considerando que en las normas vigentes respecto
del establecimiento de cementerios no existen las exigencias que dicha acta
señala, a saber, distancia de 5 metros por lado por tumba, profundidad de 5
metros y su centralización en un solo camposanto, expresiones que no han sido
verificadas por la SBN, pese a ser el ente rector en materia de propiedad
estatal.
El
congresista Oyola, ha puesto en evidencia que la adjudicación provisional de
las más de 288 hectáreas se ha realizado con una celeridad impresionante,
siendo que la misma acta señala que la entrega se sustenta en el informe del 11
de mayo, y la entrega se concretó el 12 de ese mismo mes, es decir, al día
siguiente, en pleno estado de emergencia y de restricción de tránsito
interprovincial.
Los
cambios de área, los fines no verificados que se darían al terreno, la omisión
de análisis de marcos legales vigentes y la extrema celeridad en la entrega del
predio, evidencian situaciones que ameritan una profunda y seria investigación
para determinar las responsabilidades y las sanciones a que haya lugar.
De
no revocarse los actos de disposición emitidos por la Superintendencia de
Bienes Nacionales, se altera la paz social que se ha mantenido en los últimos
años, pese a las constantes intenciones unilaterales del Gobierno Regional de
Lima y de la Provincia de Cañete, de irrogarse la competencia para afectar los
terrenos ubicados en la zona de conflicto limítrofe, áreas que la Región Ica
reclama como parte de su territorio, conforme ha expresado de forma justa,
unánime y fundamentada ante la PCM desde hace varios años.
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